El titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, se refirió al sumario que se está llevando a cabo contra un funcionario del Sodre por una denuncia de acoso laboral. Al respecto, aseguró que "hay una investigación administrativa que tiene que seguir en los términos que está y habrá un laudo desde ese punto de vista". Consultado sobre la requisitoria al diario El País, Mahía respondió que "eso sin dudas fue un error". "Fue una solicitud de un funcionario con exceso de celo de su trabajo, pero no tiene que ver con la parte administrativa, esa parte empieza ahora con el sumario administrativo", afirmó, entrevistado por Subrayado (Canal 10). Ante la pregunta sobre si se intimó al medio de prensa, Mahía comentó: "No se lo intimó, yo creo que eso fue un error, no fue una decisión ministerial". Al respecto, añadió que "los procesos que se hacen de investigaciones administrativas llaman a distintos actores, pero en este caso sin duda fue un error". Tal como informáramos, el MEC envió una “requisitoria” al diario El País para que “aporte información” sobre “cómo y en qué circunstancia” accedió a determinados datos para una nota publicada por ese medio. La requisitoria fue por parte del abogado Mariano Passagio, jefe del departamento de Investigaciones y Sumarios del MEC.

La Policía Nacional desbarató una red que solicitaba préstamos en entidades financieras presentando recibos de sueldo falsos. La maniobra era encabezada por una mujer de 33 años que trabajaba en un estudio contable de Montevideo. Según informó el Ministerio del Interior, ocho personas fueron detenidas tras una investigación de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, que permitió comprobar la existencia del esquema y su funcionamiento. El caso llegó a la Fiscalía de Delitos Económicos de 2.º Turno, que dispuso dos allanamientos y la detención de los involucrados. Según la investigación, los implicados confeccionaban recibos de sueldo adulterados para simular vínculos laborales y justificar ingresos que no tenían. Con esa documentación, solicitaban préstamos en distintas financieras y luego dejaban de pagarlos. La mujer detenida, empleada del estudio contable, era quien manipulaba los registros internos para hacer que los supuestos trabajadores figuraran como empleados de determinadas empresas. Cuando las financieras llamaban para confirmar los datos, encontraban el respaldo en los sistemas del estudio y el crédito era aprobado. El engaño se descubrió cuando las financieras intentaron recuperar los préstamos impagos y constataron que los solicitantes no trabajaban en los lugares indicados. La denuncia permitió reconstruir el recorrido del dinero y la forma en que se reclutaba a las personas que prestaban su nombre. Según estableció la Policía, dos de los detenidos eran los encargados de captar a terceros, principalmente personas de bajos recursos, a quienes ofrecían la mitad del préstamo obtenido. El resto del dinero quedaba para quienes organizaban y ejecutaban la maniobra. Las ocho personas permanecen a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre el perjuicio económico ocasionado y el grado de participación de cada uno en la estafa.

En las últimas horas, se instauró una polémica en redes sociales tras conocerse que el presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), Marcos Otheguy, fue presentado hace años en varios documentos oficiales como licenciado, pese a que no terminó la carrera. El exlegislador figuraba como “licenciado en Historia” por la Universidad de la República en el currículum que estaba cargado en la página web de la biblioteca del Palacio Legislativo.
CV de Marcos Otheguy en la web de la blbiloteca del Palacio Legislativo
Además, al menos dos documentos de gobierno del año 2013 lo presentaban como tal, cuando era director de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Según constataron usuarios en redes, el jerarca dejó de figurar en documentos oficiales más recientes como “Lic.” y pasó a serlo como “Sr.”. El exsenador Charles Carrera dijo en 2020, durante la fundamentación del voto para otorgarle la venia como director del BSE, que Otheguy había cursado la carrera “en su totalidad”, pero le faltaba presentar la “monografía final”. Este año, el legislador frenteamplista Nicolás Viera, a la hora de dar su visto bueno para que el exintegrante de la lista 711 asuma como presidente de la aseguradora estatal, dijo: “Se ha formado en Historia, a través de una licenciatura en Historia en la Universidad de la República”. A raíz de los documentos que tomaron estado público nuevamente en las últimas horas, Otheguy dio sus explicaciones en un programa radial. Entrevistado en La pecera (Azul FM), el jerarca explicó que, en el caso del CV que aparecía en la web del Poder Legislativo, hubo un “error administrativo” en la transcripción. El presidente del BSE dijo que en el citado documento figura que no completó una tecnicatura en Gerencia y Administración en la Universidad ORT, algo que sí hizo. “Se trabucó lo de incompleto: en vez de ponerlo en la licenciatura, lo pusieron en la tecnicatura”, afirmó. “No soy licenciado en Historia; sí cursé la licenciatura, pero nunca me presenté como tal ni firmé un documento como licenciado. Puede ser que en eventos me hayan presentado como licenciado; siempre aclaré que no lo soy”, agregó. El diputado del Partido Colorado Carlos Rydström opinó que, a raíz de esta situación, Otheguy debería “dar un paso al costado”. “Desprestigian la política. Desprestigian a las carreras universitarias. Desprestigian a todos los que hacen el esfuerzo por recibirse. Le faltan el respeto al Uruguay y a los uruguayos”, escribió en su cuenta de X.

El periodista Alfredo Dante comunicó en sus redes sociales el fallecimiento de su esposa, Andrea, tras una larga lucha contra el cáncer. El comunicador la recordó con un emotivo video y la despidió mediante un mensaje y una reflexión. "Hace más de un año te dieron lo que, al final, fue tu sentencia de muerte. Peleaste como te salió. Con Santi [hijo], acompañamos como pudimos. Me quedo con tu frase ‘me voy en paz’ y con la de uno de los médicos que te atendió, que, al ver la entereza y madurez de Santi, me dijo: ‘Se ve que con Andrea hicieron un buen trabajo’", escribió Dante. El conductor de Arriba gente (Canal 10) la definió como una “gran madre” que “renunció a su profesión y a su trabajo para cuidar los primeros años” del hijo de ambos. "Fuiste una excelente compañera de ruta. Estuviste a mi lado en varios madrugones y entendiste desde el día uno que ser la pareja de un periodista tenía sus complejidades. Te vamos a extrañar mucho. Mucho", redactó el periodista. Sobre el final de su mensaje, Dante trasladó “una reflexión y un pedido”. En primer lugar, valoró la aprobación de la ley de muerte digna, porque el tramo final de la “enfermedad de mierda” que le tocó padecer a su esposa es “un calvario para quien la padece y para su entorno”. Por último, envió un mensaje a las mujeres: "A las mujeres que lean esto: háganse las mamografías de control. No esperen, no dejen para después; puede ser tarde, como lo fue para Andrea", finalizó. Varios colegas y compañeros de trabajo como Carolina García, Lorena Bomio, Magdalena Prado, Roberto Moar, Sebastián Giovanelli, Ana Durán, Patricia Martín, Yisela Moreira y Nicolás González enviaron sus mensajes de apoyo a la figura de Canal 10. Alfredo Dante y su esposa Andrea. Foto: Instagram @alfredodante10

El velatorio transcurrió este sábado en Martinelli. Participaron Laura Martínez, Orpi, Kesman, Ruben Rada, Carballo, Almada y otros tantos. El velatorio transcurrió este sábado en Martinelli. Participaron Laura Martínez, Orpi, Kesman, Ruben Rada, Carballo, Almada y otros tantos.

El mandatario acudió a su primera toma de posesión desde que asumió como la Presidencia uruguaya en marzo. Allí, se lo vio hablando con Bori.

Joaquín Garlo, diputado del Frente Amplio por Maldonado, radicó una denuncia penal este sábado por una publicación realizada por un perfil anónimo en la red social X. "En el día de hoy radique denuncia por el uso de una foto mía adulterada y utilizada en una cuenta de X. Quiero aclarar que no tengo absolutamente ninguna vinculación con dicha cuenta. Me comuniqué telefónicamente con el periodista Ignacio Álvarez para hacerle saber estos extremos", escribió el diputado. La controversia se originó porque el conductor de La pecera (Azul FM) creyó que Garlo estaba detrás del perfil “@elolgasan”, un usuario vinculado a la coalición de izquierda que suele realizar comentarios políticos y que se oculta tras imágenes del reconocido actor estadounidense Steve Buscemi. Con motivo del cumpleaños del exalcalde de Piriápolis Mario Invernizzi, el mencionado perfil anónimo subió el pasado 23 de octubre una fotografía de Garlo —con el rostro cubierto— junto al exjerarca. Álvarez publicó en su cuenta una captura de pantalla de ese posteo y la foto original, acompañada de la frase que empleaba cuando conducía Santo y seña: "Porque todo se sabe". Tras la serie de publicaciones del periodista, “@elolgasan” le respondió calificándolo de "mediocre". "Solo en la lógica perversa e inescrupulosa de un mediocre que se gana la vida intentando ensuciar la de otros se le puede ocurrir esto. La manera que eligió Ignacio Álvarez para ganarse la suya es patética. No soy el diputado Joaquín Garlo, que es mucho más digno que Álvarez", escribió el usuario anónimo. **Garlo fue electo diputado por el Movimiento de Participación Popular en las pasadas elecciones**. La mención de Álvarez a Orsi se debe a que el joven legislador es su sobrino político. *** Fotos: Focouy / captura

La Universidad Católica del Uruguay (UCU) remitió a la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados un informe técnico que analiza el artículo 200 de la Constitución. Foto Gastón Britos / FocoUy Este documento fue solicitado por los legisladores en el contexto de la controversia generada por la situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, cuya continuidad de actividades en instituciones privadas después de asumir su cargo público ha sido cuestionada por la oposición. El informe de la UCU sostiene que la prohibición establecida en el artículo 200 de la Constitución se centra en el "ejercicio" de profesiones o actividades, y no en las calidades, posiciones, cargos o estados en sí mismos. Por lo tanto, un director podría suspender o interrumpir temporalmente sus tareas en instituciones privadas sin necesidad de renunciar de forma definitiva, lo que, según el informe, "no generaría infracción alguna al artículo 200". El documento enfatiza que "la prohibición tiene por finalidad la tutela del interés público, evitando la generación de situaciones de conflicto de interés, de conjunción inconveniente del interés público e intereses privados". En este sentido, se argumenta que la norma se aplica únicamente a las actividades que tengan un vínculo jurídico o una competencia directa con el organismo público, excluyendo aquellas que no presenten "vinculación jurídica alguna o competencia", incluso si son tareas similares. El informe de la UCU señala que las obligaciones del artículo 200 se activan al asumir el cargo, momento en el cual "devienen exigibles las obligaciones o deberes, prohibiciones e incompatibilidades", y finalizan al concluir la función en el ente público. Por lo tanto, la norma "no opera como una condición de elegibilidad o un requisito para la designación en el cargo", lo que permitiría seleccionar a una persona como titular de un ente incluso si posee actividades privadas, siempre que ordene su situación para cumplir con la Constitución. Adicionalmente, el informe aclara que el artículo 200 no establece una sanción automática ante un incumplimiento. En caso de que un jerarca no respete lo estipulado, se deben aplicar los procedimientos de los artículos 197 y 198 de la Constitución, que contemplan medidas que podrían llegar hasta la destitución. Danza anunció la semana pasada que renunciará a sus cargos en el sector privado, después de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) publicara un informe que concluía que "no existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas del sector privado señaladas en el cuerpo de la presente resolución".

El Poder Ejecutivo ha incluido un inciso en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, actualmente en discusión en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, para la creación de una Secretaría de Litigio Estratégico. El objetivo, según explicó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en una sesión parlamentaria, es “buscar una mejor defensa del Estado”. "Lo que nosotros pretendemos con esta secretaría es tener una mirada estratégica de todo el litigio que tiene el Estado", manifestó el ex fiscal de Corte. Díaz, al ser citado a la comisión, mencionó que el Estado uruguayo tiene actualmente siete arbitrajes en curso a nivel internacional, mientras que a nivel nacional los juicios contra el Estado se estiman en unos 15.000. Según detalló, “se trata de apoyar, gestionar o coordinar la defensa del Estado en aquellos procesos jurisdiccionales que se consideren litigios estratégicos, así como patrocinar o representar al Estado” en ellos. El senador colorado Andrés Ojeda alertó que esta propuesta “concentra un enorme poder” en la Presidencia de la República. "No explica nada. El Estado tiene 15.000 juicios, [Díaz dice que se] los va a estudiar todos, [pero] no dice ni con quiénes…", apuntó el secretario general del Partido Colorado. El abogado también cuestionó la falta de definición sobre qué se considera un litigio estratégico. A su entender, la propuesta “está rara, oscura y deja muchos agujeros para que el jerarca” de turno “decida”. "Lo que van a hacer es meterse en lo que quieran y conducir los juicios que quieran", enfatizó. Ojeda señaló que no se opuso de lleno a la iniciativa, sino que promovió que se “desglose” del proyecto de Ley del Presupuesto, argumentando que “no es presupuestal, no pide un peso”. De acuerdo con el senador, el Ejecutivo pretende “meter por la ventana presupuestal” un proyecto que “no tiene nada que ver” con ese tema, únicamente “para que no tenga la discusión parlamentaria lenta”. El legislador proyectó que la iniciativa seguramente se apruebe con los votos de los senadores oficialistas, mientras que desde la oposición “lo criticaron todos”. En la versión taquigráfica de la sesión del jueves 6 de noviembre se registran argumentaciones en contra por parte de Pedro Bordaberry, Robert Silva y el propio Andrés Ojeda (los tres del Partido Colorado), así como también de Carlos Camy y Graciela Bianchi (Partido Nacional). "No sé si amerita tener una secretaría. […] Quizás se puede solucionar con una norma más sencilla", esgrimió Bordaberry. "Le hace perder total autonomía a los distintos organismos públicos a la hora de establecer sus defensas en juicios", puntualizó Camy. "Se le están dando a la Presidencia de la República unas facultades que extralimitan a varios poderes del Estado, sobre todo al Judicial", sentenció Bianchi. Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera defendió la propuesta del gobierno, sosteniendo que busca “redimensionar y mejorar los recursos que el Estado tiene previsto” para estos litigios. En su oratoria, el frenteamplista destacó que ningún cuestionamiento por parte de la oposición fue hacia la constitucionalidad del proyecto. "En este Parlamento he aprendido que cada vez que alguien quiere derrumbar una idea, lo primero que dice es que es inconstitucional. Bueno, nadie ha dicho que esto sea inconstitucional. Así que creo que es un buen paso, que podemos tener matices, que podemos tener diferencias, pero tenemos, por lo menos, algunas cuestiones definidas", celebró Viera. Finalmente, advirtió que, de aprobarse con los votos del FA, el gobierno debería tener “cuidado en no incurrir en inconstitucionalidades”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el canciller, Mario Lubetkin, firmaron la resolución por la que se designó a la dirigente colorada Carolina Ache como embajadora de Uruguay ante Portugal. La designación de la exvicecanciller causó polémica en el Parlamento, cuando se votó la venia, y los meses previos. El Partido Nacional fue el primero en confirmar que su bancada no daría sus votos para respaldar a Ache, a fines de mayo. Días después fue el Comité Ejecutivo del Partido Colorado (CEN) el que pidió a Orsi “que revea su posición y se abstenga de remitir la venia correspondiente a la designación de Carolina Ache, en aras de preservar el diálogo y respeto político que deben guiar el relacionamiento entre los partidos”. Sin embargo, desde la bancada oficialista en el Senado, “Carolina Ache tiene todas las características, tanto profesionales como políticas, como para poder ser designada como representando en este caso Uruguay”, según afirmó en rueda de prensa el legislador Daniel Caggiani. “El Poder Ejecutivo, además, entendió pertinente poder cubrir una vacante de un destino que estaba casi por lo menos desde el 2023”, manifestó en referencia a Portugal. Al momento de votar la venia, la bancada del Frente Amplio se pronunció a favor, mientras que la oposición estuvo en contra. De este modo, fue aprobada con 17 votos en 31. Si bien “no estaba de acuerdo” con el nombramiento de Ache, el senador del Partido Socialista Gustavo González decidió acompañar la moción por “disciplina partidaria”. En el Partido Colorado, en tanto, Robert Silva destacó la “lealtad partidaria” de Ache, pese a votar en contra de la venia. Pedro Bordaberry, por su parte, afirmó que “es un error nombrarla en estos momentos embajadora”, “no solamente porque no es de carrera, sino porque estamos en la mitad de un lío y se generan suspicacias”. “Hay una investigación en curso de la Justicia”, indicó, en referencia a la causa que está en Fiscalía por destrucción de documentos.