En las próximas semanas, el Parlamento uruguayo será el escenario de tres interpelaciones a diferentes ministros, impulsadas por la oposición. La primera interpelación será a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el próximo lunes. El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, será el miembro interpelante. Esta instancia surge tras la polémica en torno al presidente de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. Danza fue cuestionado por la oposición debido a que, al asumir su cargo, continuaba trabajando en instituciones privadas, lo que, según los opositores, contravenía la Constitución al no respetar el código 200. Tras meses de controversia, y después de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) asegurara que no existía “incompatibilidad” en el accionar de Danza, el presidente de ASSE anunció que durante su mandato abandonaría sus actividades privadas. La decisión de la JUTEP, según el diputado Sotelo, constituye una “situación de gravedad institucional” y “viola la ética y la transparencia” al ocultar los argumentos de sus abogados. La segunda interpelación está programada para el 10 de diciembre y estará dirigida a la ministra de Defensa, Sandra Lazo. El senador del Partido Nacional, Javier García, será el encargado de llevar adelante la instancia. Esta interpelación se origina luego de que el Ejecutivo denunciara penalmente a la empresa Cardama, responsable de la construcción de dos patrullas oceánicas gestionadas en el anterior período de gobierno, liderado por Luis Lacalle Pou. La denuncia se basa en el análisis, desde presidencia, de una posible estafa al Estado Uruguayo. La oposición cuestionó la medida, lo que derivó en la aprobación de la interpelación. La ministra Lazo afirmó que “es absolutamente válida la interpelación desde el punto de vista del contralor que ejerce el Parlamento”. La última interpelación, prevista para el 16 de diciembre, será al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. El diputado nacionalista Pablo Abdala será el interpelante.

Este miércoles habrá un paro de 24 horas en la educación privada debido a la realización de una asamblea coordinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), donde se espera la presencia de funcionarios de todo el país. La asamblea se desarrollará en el marco de la negociación en el Consejo de Salarios. El sindicato reunirá a los trabajadores en una instancia donde se tratarán los temas a plantear en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Los objetivos principales para Sintep son el aumento del salario real, la ampliación de la licencia por salud, la extensión del descanso por maternidad y el pago de la antigüedad a trabajadores de la enseñanza no formal. En un comunicado publicado por el sindicato en su página web, se expresa la postura de los trabajadores: "Los centros de enseñanza buscamos concretar un convenio que mejore nuestras condiciones de vida".
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El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al cierre de la multinacional Ultimate Kronos Group (UKG), una empresa de Estados Unidos que desembarcó en Uruguay para ofrecer soluciones de software en materia de recursos humanos y despedirá a más de 300 trabajadores uruguayos entre este año y 2026. "Tomó por sorpresa, pero cuando me enteré lo que le está pasando a UKG en el mundo, no me sorprende. Es un modelo de negocios que está teniendo sus dificultades", dijo el mandatario en rueda de prensa desde Punta del Este, donde viajó para participar de la conferencia anual de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Así como a Orsi, a varios colaboradores la noticia los tomó por sorpresa, pese a que en los últimos días circulaban rumores sobre eventuales movimientos dentro de la firma. Los directivos de UKG en Uruguay explicaron que el proceso de salida del país sería “paulatino”. Asimismo, informaron que “evaluarán” las situaciones puntuales de algunos empleados, aunque esas instancias se darán en las próximas semanas y será la compañía quien cite a reuniones a quienes considere pertinentes. UKG desembarcó en Uruguay en 2022 con una inversión inicial que le permitió emplear a 40 personas. Un año después, la empresa recibió una inyección financiera millonaria que la posicionó como un competidor fuerte. En 2023 anunció nuevas oficinas en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y para ese entonces sus directivos habían adelantado que la plantilla se triplicaría. Esto se debía, entre otros factores, a la instalación de un hub de innovación en el LATU que buscaba convertirse en referencia para América Latina. Ese 2025, UKG tenía el desafío de alcanzar los 300 empleados en menos de cinco años, una meta que logró mucho antes de lo previsto. Su operativa se basa en soluciones como el sistema de payrolls, que procesa cientos de miles de millones de dólares al año en sueldos de empresas, alrededor del mundo. Incluso en entrevistas que directivos de UKG brindaron hace pocos días, mencionaban planes a futuro, como ampliar el equipo de ingeniería y de customer experience. En ese marco, buscaban que el “talento uruguayo” fuera el foco, y la idea —según plantearon— era seguir contratando personal calificado local para ganar más mercado. Tras conocerse la noticia, varios trabajadores reaccionaron en redes sociales y expresaron su sorpresa. Las situaciones son variadas, pero la mayoría coincide en que la determinación fue “comunicada de un día para el otro”. Orsi. Foto: Dante Fernández / FocoUy (archivo) Un ingeniero de la firma, que prefirió no ser identificado, dijo: "hace cuatro días había notas de prensa hablando del futuro y de la nada nos dicen que se van”. El joven, de 25 años, sostuvo que en ningún momento hubo señales de que la compañía planeara irse del país. “Siempre hablaban de los planes, de los proyectos para el año que viene, que ya varios equipos estábamos planificando. Fue casi sin aviso. Nos dijeron eso, y la cosa siguió como si nada”, agregó.

La senadora del Frente Amplio (FA), Constanza Moreira, anunció este miércoles que se presentarán reasignaciones en la educación media, la Universidad de la República (Udelar) y la Fiscalía General de la Nación, en el marco del estudio del proyecto de ley de Presupuesto. En rueda de prensa, la legisladora frenteamplista aseguró que se encuentran realizando “algunas modificaciones normativas” en el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo a fines de agosto. Además, mencionó que se presentarán reasignaciones presupuestales. Con respecto a la universidad, Moreira aseguró que las reasignaciones estarán vinculadas a la “mejora en el número de funcionarios, que está estancado desde hace 10 años”, problemas edilicios y los salarios de los profesores, ya que —según explicó— el 70% de los docentes son grado 1 y 2 y ganan “salarios realmente muy por debajo de los que tienen funcionarios equivalentes en la UTEC [Universidad Tecnológica]”. Sobre los reclamos de los gremios universitarios por falta de presupuesto, la legisladora aseguró que “tienen razón”, ya que “corren desde el periodo anterior con una falta de asignación y de recursos que hace cinco años fue muy llamativa”. “Las reasignaciones me dan un poco más de aire, no diría que me conforman, pero allí vamos respirando”, sentenció.

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores por la partida destinada a la casa de estudios. En rueda de prensa, el ingeniero indicó que hay “restricciones presupuestales generales”, pero apuntó a que “todo dinero que se pueda invertir y pueda ayudar a llevar adelante aunque sea una parte” del plan de desarrollo que elaboró la Udelar. Esta iniciativa pretende “generalizar la educación en la educación superior en el país, asegurar y mejorar las condiciones de estudio y trabajo y atender a las becas y las necesidades de un salario digno”, entre otras cuestiones, señaló el rector. Cancela recalcó que “todos los partidos políticos” han dicho que piensan en una reasignación de fondos y que “van a hacer el mayor esfuerzo para que la universidad esté contemplada” en esa reasignación. Así, señaló que hay carreras que están “en pendiente” de implementarse, por ejemplo, la Licenciatura en Administración de Sistemas de Información. Asimismo, las autoridades de la Udelar van a hacer “el máximo esfuerzo para que no haya ningún recorte” de carreras ya existentes. “Vamos a tener que ver, con los recursos incrementales, cómo podemos reforzar esas carreras que están en condiciones más precarias”, concluyó.

El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, cuestionó el gasto de la delegación de Presidencia durante su viaje a Nueva York, Estados Unidos. La delegación acompañó al presidente de la República, Yamandú Orsi, a la apertura del 80° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, celebrada en setiembre. Durante su estadía, Orsi ofreció una conferencia de prensa y mantuvo encuentros con otros mandatarios y representantes del sector empresarial. Schipani utilizó la red social X para expresar sus críticas con respecto a los gastos incurridos por la delegación entre el 21 y el 27 de setiembre. Según un informe oficial, la Presidencia destinó US$ 19.762 a los pasajes aéreos de las cuatro personas que integraron la delegación. Además, se asignó un viático de US$ 3.481 para la alimentación de los integrantes. El diputado Schipani cuestionó: "¿Qué comió la delegación del presidente Orsi en Nueva York, que gastó cada uno 488 dólares por día en alimentación?" El legislador también señaló el costo de los pasajes: "Lo más llamativo es el costo de cada pasaje ida y vuelta, que costó casi US$ 5.000, cuando el costo es de 1.400 dólares". Finalmente, Schipani planteó: "¿Quién le vende los pasajes a Presidencia? Para algunos asuntos es claro que no hay restricción fiscal".

Yolanda García, veterinaria venezolana de 39 años, emigró a Uruguay en 2019 junto a su hija, que ahora tiene 10 años. Radicada en Lascano, Rocha, hoy enfrenta una situación desesperada y anhela regresar a su país natal debido a una compleja situación familiar. El principal obstáculo de García es la negativa del padre de su hijo menor, nacido en Uruguay y de cuatro años, a otorgar el permiso necesario para tramitar su pasaporte y permitir su salida del país. "El padre tiene que dar permiso primero para poder sacar el pasaporte y tenemos que ir ambos padres. En un inicio, él me dijo que sí, pero yo pagué la cita del pasaporte y él no se presentó", relató. Ante esta situación, García acudió a la Justicia en 2023, solicitando autorización judicial para el viaje de su hijo a pesar de la objeción paterna. La jueza encargada del caso le requirió la presentación de los tres pasajes aéreos. La mujer logró reunir los 1.980 dólares necesarios tras dos años de esfuerzo. Sin embargo, tras una nueva audiencia, la Justicia denegó el permiso de viaje, generando la desesperación de García, quien tiene los pasajes comprados para el 17 de diciembre. Según García, la abogada del padre argumentó que "la entrada a Venezuela la haría a través de mulas y canoas", algo que ella niega rotundamente. El padre presentó como testigos a su padrastro y dos tíos políticos, quienes, según García, declararon falsamente que ella "iba a irse a Venezuela para no volver y se llevaría a su hijo en una valija". "Solicité derecho a palabra, ya que todo lo que se decía eran mentiras o hechos contados a medios o a beneficio del padre, pero se me negó hablar. La persona que dictó la sentencia sin escuchar mis alegatos y confiando solo en el testimonio del padre y de las personas que fueron a su favor fue la doctora María Paula Irastorza Goyenola, jueza letrada de Rocha de 4º turno", lamentó García. Además, la mujer revela haber sido víctima de violencia doméstica por parte de su expareja. "Me dio golpes hasta más no poder. No sentía apoyo de nadie. Fue sostenido en el tiempo. Yo le decía a mi jefe que por favor me sacara de esta casa, porque cuando a mí me contrataron me dijeron que yo iba a tener mi casa. Yo estaba en la nada [económicamente]. 'Yo no puedo tolerar esto; mira, a mí se me dificulta ya venir a trabajar por los golpes que él me da.' Cuando me cambiaron de casa fue porque yo, en una reunión donde estaban todos los jefes, me levanté la camisa para que vieran cómo estaba golpeada. Cuando me cambiaron de casa, fue la última vez que él me golpeó", confesó entre lágrimas. García busca llevar el caso "ante la instancia del juez superior", reconociendo su desconocimiento del sistema legal uruguayo. "Yo solicité el permiso [en 2025] y se tardaron cuatro meses para darme la audiencia. Y obviamente me lo hicieron cerca para que no me diera tiempo de apelar. Después de que fijaron la fecha de la audiencia, me la cambiaron para un día antes. No me da chances a apelar porque los pasajes son para el 17 [de diciembre]. Lo que estoy buscando es una ayuda para que eso vaya a una instancia superior, que salga de ese círculo vicioso de aquí", declaró. "Tardé dos años en reunir los pasajes, y no es para nada fácil. Yo les dije a ellos en esa audiencia que no había comprado los pasajes por lo costoso que es, y quedó escrito que ella dice que traiga todos los requisitos con el pasaje para otorgarle el permiso si el padre no acepta. Ahora, ya después de dos años, la misma jueza me dice que no voy a viajar", agregó. Aunque anhela regresar a Venezuela, García teme perder la tenencia de su hijo nacido en Uruguay si se establece permanentemente en su país de origen.

Un niño de 9 años y una joven de 18 fallecieron en un trágico episodio ocurrido durante la tarde de ayer en el departamento de Lavalleja. Según informara la televisora local Vivo Cable Color, el hecho ocurrió en el kilómetro 99 de la ruta 8, zona de Cuchilla de Silvera. Allí, el niño cayó con su caballo a un tajamar y la adolescente se lanzó al agua para rescatarlo. Por desgracia, ambos perecieron. Noticia en desarrollo.

Una auditoría interna de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), correspondiente al período 2022-2024, reveló que los pagos a la mutualista Círculo Católico se incrementaron en casi 170% en valores constantes entre 2020 y 2024. En concreto, la participación de mutualistas privadas —entre las que se cuentan Casmu, el Círculo Católico y Casa de Galicia— en los pagos de ASSE pasó de representar un 12% en 2020 a un 29% en 2024. Esa alza se traduce en un aumento de $ 474 millones a $ 1.949 millones, pese a que Casa de Galicia dejó de operar en 2022. La auditoría tenía como objetivo analizar el impacto económico de los convenios de complementación suscritos en 2022 entre ASSE, Casmu y Círculo Católico, acuerdos que luego fueron dados de baja por la nueva administración del prestador público en las últimas semanas. Según el documento, consignado por el semanario *Búsqueda*, el aumento más marcado se produjo a partir de 2023, cuando los pagos al Círculo Católico crecieron un 109% respecto a los de 2022. Además, la auditoría llama la atención sobre varios aspectos irregulares en esos convenios: señala que no hubo una licitación para comparar precios con otros prestadores, y que los contratos firmados no respetaban los plazos máximos permitidos por el TOCAF, que establece un límite de seis meses para acuerdos de este tipo. En materia de camas para cuidados intensivos, la auditoría también detectó discrepancias. Aunque ASSE aumentó su propio número de camas intensivas de 212 a 262 entre 2019 y 2023, al mismo tiempo contrató a otros proveedores externos para cubrir casi el 59% de esas camas, frente al 21% que representaban esos proveedores en 2019. El informe advierte sobre un riesgo “muy alto” de duplicación de necesidades por los convenios de complementación, una deficiencia que, según los auditores, debe corregirse de forma urgente. Respecto a la gestión de ASSE, el contrato con Casmu se firmó el 26 de octubre de 2022, y el convenio con el Círculo Católico fue suscripto poco después, el 15 de noviembre, según el informe. En el momento de su aprobación, en la reunión del directorio no participaron el presidente de ASSE ni el gerente general. En otro apartado de la auditoría, se señala que, tras la compra del Sanatorio Galicia por parte del Círculo Católico, los montos cobrados por éste fueron superiores a lo que antes sumaban el Círculo más Casa de Galicia. La transición en el prestador público viene siendo uno de los puntos de mayor debate entre el gobierno y la oposición. El Frente Amplio cuestiona que el incremento en las contrataciones al Círculo Católico se debió al vínculo profesional del expresidente Leonardo Cipriani, quien renunció a su cargo de Director Técnico de la institución antes de asumir en 2020 y volvió este año tras el cambio de gobierno. Además, desde el oficialismo creen que la sucesión de críticas y pedidos de renuncia al actual presidente de ASSE, Álvaro Danza, se deben en parte a los resultados de las auditorías internas. El próximo lunes 24 de noviembre, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, será interpelada en Diputados por haber mantenido en el cargo a Danza, pese a los informes negativos de la asesoría jurídica de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre la incompatibilidad de su cargo en ASSE con sus trabajos como médico consultante en mutualistas privadas.

La Dirección Nacional de Aduanas informó sobre una nueva incautación de cigarrillos de contrabando, vinculada al mismo camión de la empresa transportista DAC que había sido interceptado días atrás en el departamento de Salto. En esta segunda instancia, al abrir las encomiendas que habían quedado retenidas tras el operativo inicial, los funcionarios encontraron 100.000 unidades de cigarrillos marca Gift, además de distintos productos que también estaban siendo trasladados de forma irregular: 740 estuches de insecticida Raid de 24 tabletas y 60 desodorantes Odorono de 60 gramos. El valor estimado de esta mercadería supera los $ 1.300.000. Como en el procedimiento anterior, se informó a la Jefatura de Policía de Salto y a la fiscalía actuante, que continuará con las investigaciones. Esta actuación complementa el operativo realizado días antes por la Regional Móvil Oeste, cuando detuvieron el mismo camión en el kilómetro 462 de la ruta 3. En aquella oportunidad, durante una inspección de rutina, los funcionarios detectaron un pallet envuelto en bolsas negras que llamaba la atención por su volumen y peso. Al abrirlo, encontraron 28 cajas que contenían cientos de paquetes de dicha marcha de cigarros, que sumaban 280.000 unidades valuadas en más de $ 3.000.000. Con ambas incautaciones, ya son 380.000 los cigarrillos que se decomisaron vinculados a este mismo vehículo y a un mismo circuito de traslado. Según lo informado por Aduanas, el destino final de la mercadería sería el área metropolitana, donde pretendía ingresar al mercado informal. Los dos procedimientos reforzaron la sospecha de que el cargamento estaba fraccionado en distintos paquetes y encomiendas para evitar ser detectado en un único control. El medio local Laguardia Digital había informado en ocasión de la primera incautación que la mercadería habría sido cargada en el camión por “personas vinculadas al Bagashopping”, nombre con el que se conoce a una feria permanente en la ciudad de Salto, cuyo nombre sugiere el origen de la mercadería allí expendida.